Los arrestos de personas inocentes junto a criminales, bajo el régimen de excepción en El Salvador, ha provocado un torrente de críticas de los defensores de derechos humanos
LOS ÁNGELES — La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca causa turbación entre los inmigrantes indocumentados. En su campaña el presidente electo prometió desarrollar “el programa de deportación más grande en la historia” de Estados Unidos. La ejecución de ese plan, a partir del 20 de enero cuando asuma el poder, preocupa a los defensores de derechos humanos porque a los deportados que lleguen a El Salvador los espera un régimen de excepción que no garantiza el respeto a sus derechos.
En el afán de controlar la violencia de las pandillas, Nayib Bukele implementó desde marzo de 2022 un régimen de excepción que, según el gobierno salvadoreño, a la fecha ha capturado a más de 83,600 personas. El mandatario, quien fue reelecto en febrero de 2024 en contra de la prohibición constitucional, aduce que todos los detenidos son criminales; sin embargo, activistas han denunciado que muchas personas no tienen un perfil pandilleril.
En la actualidad, explicó la abogada Ingrid Escobar, no existe el cumplimiento al debido proceso ni la presunción de inocencia, porque son garantías que se anularon al decretarse el régimen de excepción, medida que inicialmente sería temporal; pero tan solo el 5 de enero de 2025 se realizó la trigésima cuarta prórroga. Estas condiciones, según la jurista, coloca a los deportados en una situación de alto riesgo.
“Tenemos la amenaza de que en cualquier momento, si a un policía se le ocurre o hay una llamada anónima se llevan a cualquiera”, apuntó Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), quien entre el 9 y 23 de noviembre realizó una gira por ciudades como Los Ángeles, Oakland, San Francisco, Santa Cruz, Detroit y Chicago.
“En esta enorme debilidad institucional que tenemos, —los deportados— puede ser que se salven que los capturen en el aeropuerto, pero si un día andan por la calle y les preguntan que donde han estado todo este tiempo, y dicen que en Estados Unidos, debido al régimen no les van a creer que por su estatus de indocumentados”, agregó la abogada.
El SJH nació tres meses después de implementarse este régimen, el 25 de julio de 2022. Puntualmente, la organización fue creada para denunciar los abusos y actos arbitrarios. Hasta diciembre contaban con cuatro abogados, pero como resultado de la gira reciente obtuvieron fondos para contratar a dos juristas más.
De acuerdo a datos del organismo, de los más de 83 mil detenidos, más de 50 mil tienen antecedentes y vínculos con pandillas; sin embargo, alrededor de 25 mil no tienen perfil pandilleril, son personas que han sido capturadas por cuotas que cumple el ejército y la policía, al igual que por llamadas anónimas.
“Hay por lo menos mil personas fallecidas —en las cárceles—, pero las que hemos verificado con actas de defunción y basados en la confirmación de la familia son 359; es decir, el 94% de de las víctimas mortales no tenían perfil pandilleril, la gran mayoría —de los fallecidos— era gente inocente”, subraya Escobar.
En este tiempo, el SJH ha registrado tres casos de personas que llegaron de Estados Unidos que se encuentran detenidas. También han reportado que un hombre llegó deportado por ser indocumentado, pero debido a una supuesta llamada anónima fue enviado al penal de Izalco, en donde estuvo confinado durante 18 meses.
José Artiga, director de la Fundación Share, entidad que se enfoca en la promoción de los derechos humanos con sede en Berkeley, California, considera que si alguien, ya sea joven o adulto, reúne el perfil que están utilizando en El Salvador para perseguir y encarcelar a las personas bajo el régimen de excepción, aunque no tengan antecedentes delictivos, van a ser detenidos.
“Si alguien tiene tatuajes, aunque sea artísticos; o tiene algún antecedente legal que ya haya superado, pero sigue en su récord, son personas que si llegan deportadas no podrán ver a su familia; bajo este régimen desde el aeropuerto van a ser transferidos a las cárceles”, planteó el activista.
Mientras la criptomoneda bitcoin alcanza máximos históricos tras superar la barrera de los 100.000 dólares, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se jacta de su gran apuesta.
Un comerciante en Los Ángeles, al conocer los señalamientos de los defensores de derechos humanos pone toda su confianza en Bukele.
“El presidente ha cometido errores, pero el régimen es uno de los aciertos de este gobierno, nos ha dado tranquilidad, ahora la gente puede caminar en paz en sus comunidades”, valoró Carlos, quien omitió su apellido debido a su estatus migratorio irregular, residente en el sur de California desde hace 20 años.
“A los deportados los van a mandar a la cárcel solo si tiene antecedentes delictivos, no creo que manden a alguien a un penal solamente por llegar deportado debido a su estatus migratorio irregular”, añadió el migrante.
Estefany tiene temor al plan de Trump y al régimen de Bukele. Esta joven indocumentada no tiene claro cuál país le conviene más, ya que debido a su estatus migratorio será el blanco de los ataques que planea impulsar el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
“Hay riesgos de los dos lados, ya no sabes ni para donde irte; si para tu propio país o estar aquí”, dijo la joven residente en Los Ángeles.
“Así como están las leyes de injustas en El Salvador, a los policías no les importa nada, no quieren averiguar antes de detener a las personas, los están agarrando para cumplir cuotas, no se dan cuenta que perjudican a las personas”, manifestó Estefany.
Desde que se lanzó el régimen de excepción, Bukele dijo que existiría un margen de error del 1% en las detenciones. Pero los activistas sostienen que los arrestos arbitrarios ascienden al 30%.
El Salvador cerró 2024 con una cifra mínima récord de 114 homicidios y en el mes de diciembre sólo registró un asesinato, ante lo cual el presidente Nayib Bukele aseguró que ahora es el país más seguro del hemisferio occidental.
En una entrevista con el diario francés Le Monde Journal, brindada el 12 de agosto de 2022, el vicepresidente Félix Ulloa justificó las capturas de personas sin vínculos pandilleriles, al argumentar que “en toda guerra hay víctimas inocentes” y ésta no es la excepción.
“Hay un margen de error, es natural y habrá que corregirlo”, dijo.
“Las personas se ven afectadas porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero eso no es una política de Estado”, aseguró Ulloa.
En diferentes niveles e instancias internacionales, en los 33 meses que lleva este régimen ha sido cuestionado debido a la suspensión de derechos constitucionales.
Bajo esta medida, por ejemplo, se amplió de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva; sin embargo, no se cumple. Al mismo tiempo, permitió a las autoridades que intervinieran la correspondencia y los celulares de las personas que piensan son sospechosas.
Tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresaron en mayo de 2023 su rechazo al régimen de excepción y pidieron que se derogue esa medida.
“No puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”, indicaron en un comunicado Margaret Satterthwaite, Fionnuala Ni Aoláin y Morris Tidball-Binz, expertos de la ONU.
En su intervención en la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2023, Bukele defendió la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la República, medida inconstitucional ejecutada el 1 de mayo de 2021. También señaló que la implementación del régimen de excepción ha dado resultados.
Bukele plantea retirar régimen de excepción que tiene suspendidos derechos en El Salvador desde 2022
Tras dos años y medio de un régimen de excepción que mantiene suspendidos derechos fundamentales en El Salvador, el presidente Nayib Bukele plantea ahora la posibilidad de prescindir de esa medida que debía ser supuestamente temporal y que fue aplicada como estrategia de seguridad para combatir a las pandillas.
“Nos criticaron y condenaron por cada una de las decisiones que tomamos en aquel momento. Se enfrascaron en un debate sobre lo que estábamos haciendo. Hoy vengo a decirles, ese debate se acabó, ya no somos la capital mundial de la muerte, hoy somos un referente de seguridad, ahí están los resultados, son irrefutables, en El Salvador hicimos lo correcto para El Salvador”, aseguró Bukele.
A principios de diciembre, Bukele dijo que piensa relajar las medidas de seguridad que ha puesto en marcha bajo el régimen de excepción. Pero expertos aducen que difícilmente podrá revertir este plan porque hay muchos funcionarios involucrados en los atropellos a los derechos humanos, y porque su gobernabilidad depende del “control abusivo” a través de las agencias estatales de seguridad.
“No va a quitar el régimen porque no tiene control sobre las calles y el que tiene es un control abusivo; revertirlo dejaría en evidencia que la gente que ha sido encarcelada es inocente, dejaría claro que hay personas que han sido discriminadas. Este es un régimen policial del miedo”, señaló Ricardo Valencia, profesor de la Universidad Estatal de California en Fullerton.
Estas medidas además le han servido a Bukele para amedrentar a los movimientos sociales y para no rendir cuentas de las decisiones que toma, sostiene Raúl Moreno Campos, politólogo de la Universidad Estatal de California en Channel Islands. Al mismo tiempo, este académico considera que el peligro de que las personas deportadas sean encarceladas al llegar a El Salvador es algo predecible dados los antecedentes de los más de 30 meses que lleva el régimen de excepción.
“No podemos tener certeza de que los ciudadanos salvadoreños reciban ese debido proceso que establece la ley, tampoco de que se les respete sus derechos constitucionales; en El Salvador no hay transparencia política ni jurídica a raíz del régimen de excepción”, indicó el politólogo.
Antes de que el Tribunal Supremo Electoral emitiera los datos oficiales, Nayib Bukele se había declarado ganador de las elecciones presidenciales
Mientras tanto, el Socorro Jurídico seguirá su tarea de denuncia y defensa de las personas que no tienen perfil pandilleril. Hasta la fecha, esta organización ha sometido alrededor de 2,800 casos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia. En este momento atienden alrededor de 150 casos de personas detenidas, al menos 50 de los representados han sido liberados.
Por protocolo, esta organización solo toma casos de personas detenidas que tienen antecedentes penales limpios y que no tengan ningún tipo de tatuajes, y para la defensa piden referencias laborales, de estudio y de la comunidad.
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