Informe señala abusos de agentes de frontera con menores inmigrantes
San Diego (CA) — La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Universidad de Leyes de Chicago presentaron un nuevo reporte, difundido hoy, sobre el abandono y abuso a menores inmigrantes no acompañados en custodia de la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP).
En el informe, realizado en conjunto con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, se señala, para evitar que estos incidentes se repitan, una falta de vigilancia y un supuesto patrón de abuso y negligencia por parte de autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El reporte está basado en más de 30.000 documentos fechados entre 2009 y 2014, que fueron obtenidos por ACLU a través de la ley de transparencia.
En ellos, investigadores detectan “cientos” de casos de maltrato físico, verbal y sexual hacia inmigrantes, además de situaciones en que inmigrantes eran recluidos en situaciones precarias o insalubres.
“Todos los seres humanos merecen ser tratados con dignidad y respeto sin importar su estatus migratorio y los menores de edad, en particular, merecen protección especial”, expresó en conferencia telefónica Mitra Ebadolahi, abogada de ACLU en San Diego.
Entre los casos subrayados en el reporte se encuentra el de una joven de 16 años a quien se le obligó a “abrir sus piernas” mientras era inspeccionada en sus partes privadas.
También está el caso de una madre menor de edad y su hijo prematuro que fueron puestos dentro de una sobre poblada y sucia celda, contrario a lo recomendado por médicos.
Los sucesos reflejados en el informe se registraron a lo largo de la franja fronteriza desde California hasta Texas, y en los cuales están involucrados, en su mayoría, adolescentes de diferentes países que llegaron solos a la frontera.
En ellos habría indicios de presunto abuso físico, verbal y sexual, desde la detención y encarcelamiento hasta en el proceso de deportación.
En otros casos, se acusa a la agencia por fallos en el otorgamiento de atención médica, detener a personas en celdas con bajas temperaturas y el no dar agua y alimento adecuado.
“Nuestros agentes fronterizos e instituciones migratorias están fallando en seguir leyes domésticas, estándares internacionales y sus propias políticas”, acusó Nabihah Maqbool, investigadora de la Universidad de Chicago, quien hizo notar que estos descubrimientos llegan en una época en que el gobierno federal plantea reforzar políticas en materia migratoria.
Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza calificó las acusaciones en contra de “la pasada Administración” como “infundadas”, y que además “ignora” tanto una serie de mejoras implementadas por la dependencia federal como auditorías realizadas por agencias independientes y la Oficina del Inspector General (OIG).
“La OIG ya ha completado una investigación y ha determinado que estas acusaciones no están respaldadas y no ha identificado mala o inapropiada conducta”, refirió el portavoz Dan Hetlage.
“CBP toma con seriedad las denuncias por mala conducta, pero sin nuevos detalles no puede verificar que se tomen los pasos razonables para examinar y abordar las acusaciones impuestas”, agregó.
En 2014, la OIG realizó 57 inesperadas visitas a más de 40 estaciones de CBP en las que no habría encontrado indicios de mala conducta por parte del personal, señaló la dependencia.
Si bien los incidentes son catalogados como acusaciones dentro de los documentos oficiales, dado que no hubo resolución a ellos, el hecho de que se hayan encontrado casos similares con múltiples víctimas en un periodo de cinco años indica “una consistencia” que para la ACLU refleja veracidad, precisó la abogada de ACLU, Ebadolahi.
Dentro de los casos se encontró que menores inmigrantes eran recluidos por más del lapso de 72 horas permitidos por la ley, al igual que incidentes en que presuntamente eran hostigados para aceptar su deportación sin el debido proceso, detalla el informe.
Ebadolahi insistió que la ACLU continúa monitoreando este comportamiento en los puertos de entrada y aunque no se descarta acción legal, dado que los documentos refieren incidentes supuestamente suscitados hace varios años, es “improbable” que termine en litigio.
Sin embargo, la abogada recordó que ya hay otras demandas en tribunales que cuestionan las condiciones en que inmigrantes se encuentran recluidos en centros de detención.
