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Gobernador de Puerto Rico criticado por el acuerdo con Junta para el presupuesto

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EFE

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, recibió hoy las críticas de la oposición por el acuerdo alcanzado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el presupuesto, sin recortes laborales a cambio de derogar la Ley 80 que establece indemnizaciones por despido injustificado.

Las críticas llegan después del mensaje de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018-2019 que dirigió Rosselló a los puertorriqueños el martes, en el que defendió como la mejor opción posible el acuerdo alcanzado con la JSF, entidad de control federal al Ejecutivo de San Juan impuesta por el Congreso de EEUU para tratar el asunto de la deuda.

El secretario general del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado, calificó de engaño el presupuesto presentado por Rosselló, que alcanza los 8.730 millones de dólares.

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La nota más destacada del presupuesto, que fue posible gracias al consenso con la JSF, es que no se eliminará el Bono Navidad para los empleados ni se reducirán los días de vacaciones y los días por enfermedad.

Además, la pensiones de los funcionarios no se reducirán en un 10 %, tal y como exigía inicialmente la JSF.

En contrapartida, el Legislativo puertorriqueño deberá eliminar la Ley 80, lo que significará que los trabajadores que sean despedidos por causa injusta no serán indemnizados cuando entre en vigor la norma.

Delgado rechazó la petición de Rosselló de un voto de confianza al Legislativo para ese acuerdo y la derogación de la Ley 80, Ley de Despido Injustificado, norma que data de 1976 que garantizaba una indemnización en causa de despido improcedente.

“El gobernador pide que le demos la confianza para dar el paso juntos, pero no dice que está actuando conforme a sus intereses y los de la JSF. Ambos proveen las mismas propuestas y ofrecen igual número de recaudación a través de una reforma contributiva que estrangula el bolsillo de los puertorriqueños”, subrayó.

“El gobernador está alardeando de salvarle el bono a unas personas que ahora pueden ser despedidas. La delegación del PPD sigue firme. La Ley 80 es una salvaguarda para evitar que el empleado sea despedido injustificadamente”, aseguró.

Subrayó además que Rosselló llegó a un acuerdo a cambio de subidas presupuestarias para el Gobierno, entre otras agencias para la Oficina del Gobernador que obtendrá un incremento del 67 % de su presupuesto a partir de la entrada en vigor del próximo presupuesto.

El opositor PPD exige evidencia del supuesto crecimiento económico que conllevará acabar con la Ley 80, además de asegurar que mantendrá su oposición a que se derogue.

El secretario general del minoritario Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, dijo por su parte que el mensaje de presupuesto de Rosselló fue lo que denominó un “regaño de estado”.

Dalmau subrayó que Rosselló dio un mensaje en la sede del Legislativo destinado a que la mayoría del PNP en las dos cámaras acepte lo que negoció a puerta cerrada con los miembros de la JSF.

Dijo que la derogación de la Ley 80 supone “un menoscabo a los derechos de los trabajadores” y que ahora está por ver si los legisladores del PNP siguen las directrices del gobernador y acaban con esa norma que garantiza indemnización en caso de despido improcedente.

Varios legisladores del PNP expresaron hoy su respaldo al proceso de diálogo entre Rosselló y la JSF en relación con el Plan Fiscal y el próximo presupuesto.

El secretario general del PNP, Rafael Rivera, destacó que confía plenamente en el gobernador y su palabra, además de asegurar que comprende perfectamente lo que implica el acuerdo con la JSF.

“Lo apoyo para aprobar esta propuesta sobre la Ley 80, pues tampoco estoy dispuesto a arriesgar lo que necesitamos para nuestro desarrollo económico”, aclaró.

Aunque Rosselló escenificó como un logro lo conseguido ante la JSF, los alcaldes de municipios gobernados por el opositor PPD mostraron su descontento con el dinero que se les asignará el presupuesto.

Rosselló, durante la presentación del presupuesto, subrayó que el acuerdo defiende los intereses de los sectores más desfavorecidos y era el mejor posible.

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