El acuerdo para el presupuesto en Puerto Rico aleja enfrentamiento judicial
San Juan — El Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control al Ejecutivo impuesta por Washington para tratar la deuda, alcanzaron un acuerdo para el próximo presupuesto y el Plan Fiscal que aleja un incierto enfrentamiento judicial.
Analistas y medios destacan hoy el consenso alcanzado tras semanas de enfrentamiento, mensajes cruzados y en los últimos días discretas negociaciones que han permitido evitar un choque institucional y acudir a los tribunales, acuerdo que permitirá mantener la paga navideña pero que elimina la indemnización por despido injustificado.
La raíz del enfrentamiento tiene su origen en la certificación por parte de la JSF, en abril, del Plan Fiscal, el documento base que establece las pautas de la política financiera del Ejecutivo y que es guía del presupuesto general.
El Plan Fiscal establecía la eliminación de la paga navideña de los trabajadores, la reducción de los días de vacaciones y de los de enfermedad, además de un 10 % de las pensiones de los empleados públicos, todo dentro de una reforma laboral que busca impulsar una economía en caída desde hace una década.
La JSF es una entidad federal que surge de la Ley Promesa, norma aprobada por el Congreso en Washington, en 2016, para afrontar el asunto del impago de una deuda de 70.000 millones de dólares.
La entidad, que tiene como objetivo que Puerto Rico pueda volver a financiarse en los mercados de deuda y que las cuentas públicas no presenten déficit, impuso unos recortes que el gobernador, Ricardo Rosselló, rechazaba por el golpe que suponen para la población.
Tras semanas de incertidumbre, el Ejecutivo anunció el domingo un acuerdo que Rosselló presentó como positivo para Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, que, reconoce, “no es perfecto pero ofrece resultados concretos”.
“Hemos llegado a un entendido que, aunque no cumple con todo lo que considero debe estar pactado, evita un golpe irreversible a los sectores más vulnerables con los que mi Administración está comprometida”, indicó.
Rosselló subrayó que el acuerdo permite que se mantenga la paga de Navidad, evita la reducción de los días de vacaciones y de enfermedad.
El presidente de la JSF dijo por su parte que del acuerdo “ayudará a la isla a crecer y a ser más competitiva”.
Aunque Rosselló ha destacado las ventajas del acuerdo, los empleados verán ahora cómo las indemnizaciones por despido sufren un fuerte revés.
Rosselló tuvo que aceptar la eliminación de la Ley 80, medida que tendrá que ser ratificada en las cámaras legislativas.
Si, como parece, el Legislativo aprueba eliminar esa norma, que se estableció en 1976, el empleado que sea despedido sin causa justificada no tendrá derecho a recibir del patrono 3 meses de sueldo por concepto de indemnización y una cifra equivalente a dos semanas de sueldo por año trabajado.
En cuanto a las pensiones, Rosselló matizó que el acuerdo “permite que destinemos en nuestro próximo presupuesto el 100 % de las pensiones y asegurar su pago completo”.
Las palabras de Rosselló hacen entender que por lo menos para el presupuesto del ejercicio fiscal 2018-2019 no entrará en vigor el recorte exigido inicialmente por la JSF del 10 % en las de los funcionarios.
El acuerdo deja sin efecto los recortes para la Administración de Asuntos Federales, la Oficina del representante de la isla ante el Congreso y las cámaras legislativas.
La Rama Judicial sí sufrirá sin embargo recortes durante los próximos años.
Las arcas municipales se aseguran un fondo de 78 millones de dólares y la Universidad de Puerto Rico un fondo de 25 millones anuales para becas.
Quienes perciben ayudas de alimentación a través del plan PAN con edades entre 18 y 59 años a partir de ahora deberán cumplir con al menos 80 horas mensuales de trabajo.
El presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, dijo sobre el acuerdo que muestra la “constante improvisación y ambivalencia” que caracteriza al Gobierno.
La representante de Puerto Rico ante el Congreso en EEUU, Jenniffer González, sostuvo que el acuerdo permite proteger los derechos de los trabajadores.
El presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, consideró por sus parte positivo el acuerdo.
Dentro del ámbito privado, el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), Ramón Ponte Tápanes, se mostró complacido por el acuerdo alcanzado.
El presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), Iván Báez, expresó que el acuerdo permitirá levantar la economía de Puerto Rico.
Nelson Ramírez, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), elogió los acuerdos alcanzados y auguró avances en la economía si se implementa correctamente.
