OPINIÓN: El respeto a los Derechos Humanos es una falacia en México

Los vicios de la justicia, como la fabricación de delitos y tortura para la obtención de falsos culpables, siguen siendo una realidad en México; pese a la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y la novedad de los Juicios Orales, en este país nada ha cambiado.

No solo los Agentes del Ministerio Público y Jueces, sino también las comisiones estatales de los Derechos Humanos (CEDH), siguen imbuidos en la dinámica de gobiernos anteriores de no garantizar la correcta impartición de justicia consagrada en la Constitución Política de México para todos los ciudadanos.

Uno de los tantos casos que revelan cómo la impartición correcta de la justicia en México sigue siendo una quimera, es el de Héctor Muñoz, un tabasqueño que se encuentra preso desde hace siete años, cuando -en el 2016- fue acusado, junto con Gonzalo García, Juan Luis López y Darwin Morales, de haber cometido el delito de secuestro.

El caso, tal vez lo recuerde usted, es el que el prestigiado abogado y defensor de derechos humanos, Roberto Hernández, llevó a la pantalla a través de la docuserie “Duda Razonable”, que se presentó a través de la plataforma de Netflix, el pasado 23 de noviembre del 2021, y que estuvo nominada a los premios Ariel.

El documental de Roberto Hernández, que no es otra cosa que el reflejo de la realidad que se vive en México, en torno a la procuración y aplicación de la justicia, desmenuza el caso de estos cuatro hombres que de manera azarosa se cruzaron en el municipio de Macuspana, Tabasco, en donde tras un incidente de tránsito, y luego de ser torturados, terminan siendo acusados por el secuestro de un empresario local.

Héctor Muñoz, Gonzalo García, Juan Luis López y Darwin Morales, luego de desahogar el debido proceso penal, resultaron absueltos, pero de manera extraña e inesperada, bajo argucias planteadas por la Fiscalía del Estado de Tabasco, volvieron a ser procesados en un segundo juicio, acusados del mismo delito.

De acuerdo a lo que refiere el abogado Roberto Hernández, las evidencias de la tortura a la que fueron sometidos los cuatro indiciados eran pruebas suficientes para desestimar el caso, sin embargo, la demostración de la tortura que los llevó a la autoincriminación, ni siquiera fue tomada en cuenta por los juzgadores.

De acuerdo a los señalamientos hechos por los cuatro indiciados, ellos fueron sometidos a tortura por elementos de la policía estatal de Tabasco, además de ser privados de la libertad en forma indebida, donde la incomunicación a la que fueron sometidos es lo menos que vivieron durante las primeras horas de su captura.

Todo esto quedó debidamente acreditado no solo dentro del proceso penal que inició la Fiscalía de Justicia del Estado de Tabasco, sino que también Héctor Muñoz, a través de su esposa, Mayra del Carmen Rodríguez Jiménez, presentó una queja por tortura ante la Tercera Visitaduría General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la que quedó registrada bajo el expediente de petición número 0607/2016.

Tras siete años de ser interpuesta la queja por tortura de Héctor Muñoz, apenas el pasado 23 de marzo del 2022, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos respondió. Mediante un oficio que le fue entregado en prisión, se le pide a Héctor Muñoz que se haga presente en las oficinas de la Comisión para darle seguimiento al caso.

La extraña respuesta de la CEDH, cuya copia obra en poder del que esto escribe, refiere que Héctor Muñoz deberá hacerse presente en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, “a efectos de darle el seguimiento legal a sus expediente de petición; debiendo comparecer dentro de los próximos tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la presente notificación”.

Por la simple razón de que Héctor Muñoz se encuentra dentro de prisión, no pudo comparecer ante la CNDH este lunes 28 de marzo, fecha límite para que se continuara con la revisión del expediente. Pero aun cuando el quejoso hubiera asistido, la CEDH ya tenía trazado el curso de dicho expediente.

En el mismo oficio remitido el 23 de marzo, el tercer visitador, Erick Enrique Ramírez Díaz, advierte –a manera de resolución previa-: “Asimismo se le comunica que una vez integrado su expediente, se procederá a su análisis y en su caso emitirá la resolución que corresponda, (la) cual puede ser un Acuerdo de Archivo”.

A pesar de que Héctor Muñoz, por la razón de estar preso, no pudo asistir a la diligencia solicitada por la CEDH, el Tercer Visitador General todavía le advierte que “en el caso de que no pueda comparecer, solicito a Usted tenga a bien comunicar a este Organismo Público las razones que se lo impidan, toda vez que su negativa de comparecer sin causa justificada se tomara como falta de interés en la continuación de su expediente de petición”.

En virtud de lo anterior, la que compareció en términos de ley y tiempo fue la esposa de Héctor Muñoz, la señora Mayra del Carmen Rodríguez Jiménez, a quien se le notificó la decisión de la CEDH de archivar el expediente, estos según el oficio número CEDH/3V-0542/2022, en donde se refiere que se archivó el expediente de la causa “por no acreditarse violaciones a Derechos Humanos con orientación jurídica”.

La decisión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco, de no dar crédito al proceso de tortura al que fue sometido Héctor Muñoz, se estrella contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que apenas el pasado 16 de febrero de este año, optó por atraer el caso de tortura de los cuatro implicados en el supuesto delito de secuestro.

El propio Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, informó a través de un comunicado de prensa que el pleno del Tribunal “decidió atraer los asuntos relacionados con el documental ‘Duda Razonable’, el cual será resuelto por este Tribunal en pleno”, esto fue acordado durante una reunión en donde estuvieron presentes 11 Ministros de la Corte.

Mientras tanto, Héctor Muñoz, al igual que sus otros coacusados permanece en una prisión de Tabasco, con una sentencia de 50 años de prisión, acusados de un delito que no cometieron, en un proceso penal en donde la Fiscalía de Justicia de Tabasco y la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos pareciera que se han coludido para continuar con la tradición mexicana de fabricación de culpables.