Avanza legislación para proteger a beneficiarios de la privatización de Medi-Cal y CalFresh

LOS ÁNGELES —  Bajo una legislación que acaba de aprobarse en la Asamblea de California, la población que depende de los servicios de Medi-Cal, CalFresh y CalWORKS, quedaría protegida de la privatización de estas agencias.

El respaldo bipartidista mejor conocido como la AB-3224, impulsado por el asambleísta Tony Thurmond (D-Richmond), ahora se dirige al Senado Estatal para su consideración.

La legislación garantiza que el sistema de prestación de servicios de California se mantendrá sin cambios, sostuvo el asambleísta.

“Este proyecto de ley busca garantizar el mantenimiento y la entrega de servicios a las personas que necesitan programas de protección social”, dijo Thurmond.

“La privatización de la fuerza de trabajo de estas agencias podría poner el motivo de ganancia, antes de lo que es mejor para los destinatarios. La AB-3224 protege a los californianos que dependen de los programas de red de seguridad, así como el papel de rendición de cuentas del gobierno”, señaló.

El proyecto de ley llega luego de que en diciembre de 2017, el presidente Donald Trump emitió una guía invitando a los estados a solicitar una exención, que les permite a sus trabajadores elegir bajo cierto criterio a los beneficiarios.

Thurmond sostiene que cuando las entidades con fines de lucro compiten por contratos en servicios más amplios de redes de seguridad social, los productos que desarrollan y la información recopilada de sus clientes se consideran propiedad de la empresa.

Cualquier información recopilada no está sujeta a las solicitudes de la Ley de Registros Públicos u otras formas de consulta pública, dijo el asambleísta.

“Esto socava el papel del gobierno en el control del cumplimiento de la aplicación de los derechos civiles, y otras reglas u objetivos del programa”, agregó.

Además, las protecciones de trabajo que vienen con un sistema de mérito para los empleados, son la mejor manera de garantizar que la denuncia de irregularidades sea una opción para los trabajadores, cuando el programa no está funcionando como debería, aclaró.

“Esto es importante porque las personas de bajos ingresos a menudo tienen una capacidad limitada, para informar problemas con los servicios”, agregó.

La AB-3224 garantiza que las personas que reciban ciertos programas de asistencia continuarán recibiendo esos servicios, y no serán víctimas de lucro por parte de entidades privadas que pueden beneficiarse de la denegación de beneficios.

Este proyecto de ley está patrocinado por el Centro Occidental de Derecho y Pobreza, cuenta también con el respaldo de la Federación Estadounidense de Empleados del Condado y Municipales del Estado.