Condado de L.A. demanda que planta de gas en Porter Ranch siga cerrada ante peligro de terremoto

PORTER RANCH —  La causa de la fuga masiva de gas en la planta que Southern California Gas Co. tiene en Porter Ranch todavía es incierta, ahora además existe el riesgo de un terremoto en la zona, por lo que el Condado de Los Ángeles está determinado a evitar que la instalación sea abierta de nuevo.

En una demanda, archivada en la Corte Superior de Los Ángeles, las autoridades del condado alegan que un pozo en Aliso Canyon, área donde se encuentra la planta, falló durante el devastador terremoto de Northridge de 1994.

En ese sentido, se solicita en la querella que la División de Petróleo, Gas y Recursos Geotérmicos de California (DOGGR) lleve a cabo un proceso de revisión ambiental pública, que incluya la preparación de un informe de impacto ambiental antes que la instalación se reabra.

“A la compañía de gas le falta credibilidad”, indicó a HOY Pat Pope, residente en Porter Ranch, señalando que respalda la iniciativa de las autoridades locales, porque SocalGas no ha sabido manejar este problema y careció de transparencia en el trabajo realizado en la zona.

“El efecto [de la fuga de gas] no solo es en Porter Ranch, es en todo el Valle de San Fernando, hay mucha gente en Granada Hills y Sylmar”, agregó Pope, habitante de este vecindario desde hace más de 10 de años, en referencia a los vecindarios inmediatos.

Las entidades reguladoras estatales, según la demanda del condado, violaron la ley al concluir de forma apresurada la revisión de seguridad, sin abordar adecuadamente los riesgos sísmicos y sin conocer las causas de la que se considera la mayor fuga de gas natural del país.

Kathryn Barger, supervisora del Distrito 5, en declaraciones a la prensa aseguró que la agencia DOGGR está en la obligación de certificar que la plante opere de forma segura, de modo que una falla en un pozo o una fuga de gas no vuelvan a ocurrir.

“Deben llegar hasta el fondo de lo que causó el estallido de Aliso Canyon, proporcionar al público los resultados de esa investigación y llevar a cabo un proceso de revisión ambiental pública que considere alternativas y mitigaciones”, exigió Barger.

Entretanto, la información sobre el riesgo de terremoto que contiene la demanda proviene de tres diferentes laboratorios, resultados revisados por un geólogo de la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN).

Los laboratorios nacionales recomendaron realizar una evaluación detallada y análisis estructurales del riesgo que representan los temblores de tierra. “Los riesgos de falla de la actividad sísmica son muy reales en Aliso Canyon”, se lee en la demanda.

También se advierte que desde el 2006 se han registrado más de 100 temblores en esta zona, 16 de ellos tuvieron una magnitud que va desde 2.0 a 4.7 grado, a eso se suma que la falla de Santa Susana pasa directamente debajo del campo de almacenamiento de gas.

De acuerdo a Matthew d’Alessio, investigador y profesor de Geología de CSUN, el terremoto de magnitud 6.7 grados de Northridge fue tan severo que causó que el pozo SS-40 se derrumbara, a pesar de que el sismo no rompió la falla de Santa Susana.

El experto sostiene que existe 78% de probabilidad de un terremoto de gran magnitud cerca de Aliso Canyon en los próximos 50 años.

“Podemos decirle de las experiencias pasadas muy claramente lo que la tierra hará, y ellos (SoCalGas) tienen que asegurarse de que su infraestructura puede soportar eso”, dijo d’Alessio en entrevista con el diario Daily News.

La fuga de gas en esta localidad comenzó en octubre de 2015; un mes después, la planta llegó a emitir hasta un promedio de 58,000 kilogramos de metano por hora, algo que luego se fue reduciendo poco a poco.

Como consecuencia, desde que se surgió el problema se emitieron más de 2.1 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono; más gases de efecto invernadero que el emitido por 440.000 automóviles en un año.

“Tenemos técnicos en el lugar las 24 horas del día que supervisan cada pozo”, aseguró Bret Lane, presidente de SocalGas, al destacar que ha transcurrido más de un año desde que se controló la fuga.

De acuerdo a la corporación, están listos para reanudar operaciones, algo que ahora depende de lo que determinen las agencias regularadoras estatales.